El párroco, que ejerció en San Pedro y luego en Yecla, aprovechó la relación cercana que tenía con la familia de la víctima, de 13 años
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al sacerdote Antonio L. Z. a 7 años y 9 meses de prisión por abusos sexuales a un menor de 13 años. El cura ejercía como párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Yecla y capellán del hospital Virgen del Castillo de la misma localidad cuando se recibió la denuncia, momento en el que fue apartado de sus funciones.
Según recoge la sentencia, Antonio L. Z. fue vicepárroco de la iglesia de San Pedro entre 2006 y 2013 y, más tarde, se trasladó a Yecla. Mientras ejercía sus funciones en San Pedro conoció a la familia del menor, con la que entabló una relación prácticamente familiar, hasta llegó a tener las llaves de su domicilio y era habitual que durmiese en la casa. Además, mientras vivía en Yecla era frecuente que el menor le visitase y se quedase a dormir en su vivienda.
Ahora hay sentencia y el obispo ha mandado otro comunicado. «Conocida la sentencia provisional de Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que el sacerdote de la Diócesis de Cartagena, ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000 euros de responsabilidad civil por los abusos sexuales cometidos contra un menor de edad, este Obispado, a la espera de una sentencia en firme, manifiesta su total rechazo, una vez más, y enérgica repulsa por los delitos que la resolución judicial atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad».
Asimismo, expresa «nuestra cercanía a la víctima y a su familia, a los que seguimos ofreciendo nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables».
«Como está establecido en la normativa de la Iglesia, el sacerdote sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso», dejan claro. El cura, nacido en Monteagudo (Murcia), pasó por en San Pedro del Pinatar, donde estuvo hasta 2013, cuando fue cesado del cargo de Vicario Parroquial en las parroquias de San Pedro Apóstol, en San Pedro, y de Nuestra Señora del Rosario de El Mirador en San Javier para ser nombrado párroco en San Juan Bautista de Yecla, de donde fue apartado tras la denuncia.
Sobre este cura pesaban dos denuncias por abuso sexual y una por agresión sexual. En las primeras, las víctimas manifestaron haber sufrido tocamientos por parte de este religioso. En estos casos, la Fiscalía pedía cinco años de prisión en uno de los casos y dos penas de cuatro y seis años en el otro (ya que, presuntamente, abusó de dos menores que tenían algún tipo de relación entre ellos). En cuanto a la agresión sexual, que incluye un intento de penetración al menor, la Fiscalía solicitaba 12 años de prisión.
Ante denuncias como estas, el Obispado siempre prohíbe a estos sacerdotes el ejercicio de la actividad religiosa de forma cautelar (mientras siga el procedimiento abierto) y se obliga a los demandados a fijar su residencia en la Región para quedar a disposición de la Justicia.
