El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León y diez concejales que integraban su equipo de gobierno serán juzgados los días 23 y 25 de mayo del próximo año, según el señalamiento que acaba de efectuar la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cartagena. La acusación particular, que ejercen ocho ediles del Partido Popular a través del abogado José Antonio Izquierdo, les atribuye un presunto delito de prevaricación en concurso con otro delito contra los derechos civiles y reclama que cada uno de estos cargos públicos sea inhabilitado por un periodo de doce años y medio. En dicho periodo, ninguno de ellos podría dedicarse a la política en el supuesto de resultar condenados.
A su vez, el Ministerio Público reclama la absolución para todos ellos, al no apreciar delito en la conducta de los encausados. Los hechos por lo que todos los ediles pachequeros en labores de gobierno han acabando recalando en el banquillo de los acusados se remontan a mayo de 2016, fecha en que iban a ser aprobados los presupuestos municipales.
La polémica surgió cuando se hizo constar, por parte de los ediles populares que conformaban la oposición, que la sesión se había convocado sin que se les hubiera facilitado toda la documentación exigida por la ley, pues está no fue presentada en la secretaría municipal hasta ese mismo día: la liquidación del presupuesto anterior, los informes económicos financieros sobre la previsión de ingresos, las operaciones de crédito previstas y la suficiencia de los préstamos. Tampoco, en apariencia, los informes de la intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ni, por último, el propio proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016, la cual era especialmente relevante.
En tales circunstancias, los concejales populares se encontraban presuntamente privados del material necesario para poder fundamentar su posición con ciertas garantías, como denunciaron en el acto del pleno. Fue entonces, cuando el secretario municipal, tras la oportuna indicación de la interventora, advirtió al alcalde de que no había sido presentada la información en los plazos legales previstos.
Pese a ello, León y sus diez concejales de gobierno municipal, se pronunciaron a favor de seguir adelante, lo que permitió que el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016 resultara aprobado de manera inicial con los mismos votos. Sin embargo, días después fue presentado un recurso contencioso-administrativo por el PP, que fue estimado tanto en primera instancia como por la sala competente del TSJRM y que provocó la mencionada anulación de los presupuestos. Con tal resolución, el PP requirió ya en 2017 los servicios del letrado José Antonio Izquierdo para presentar una querella, dirigida a depurar las posibles responsabilidades penales.
Tras un periodo de cuatro años, el asunto se encuentra ya concluido y listo para ser enjuiciado por la Audiencia.
